CALDERO CONSCIENTE

A las cinco de la mañana, cuando Bogotá aún respira frío y neblina, en el barrio La Perseverancia, Rosa Poveda —Rosita, como la conocen todos— ya tiene las manos en la tierra.

No siembra solo verduras. Siembra autonomía, comunidad y futuro.

Estamos cerca del 8 de marzo Día Internacional de la Mujer y, en este espacio donde la gastronomía se piensa con conciencia, no vamos a hablar de homenajes. Vamos a hablar de soberanía, de datos y de las dueñas de un conocimiento que durante siglos el sistema intentó borrar.

Las mujeres han sido históricamente guardianas de semillas y saberes: el motor silencioso que sostiene gran parte del sistema alimentario global. Y, paradójicamente, también han sido las más ignoradas y marginadas por ese mismo sistema.

Para entender la complejidad de esta paradoja es necesario traer a la mesa dos conceptos fundamentales: la soberanía alimentaria y el metabolismo social.

La soberanía alimentaria, propuesta por movimientos como La Vía Campesina, se define como el derecho de los pueblos a decidir y controlar cómo se producen los alimentos. En otras palabras, priorizar las economías locales y los métodos sostenibles por encima de las lógicas del mercado internacional. Significa que las comunidades puedan decidir qué comen y cómo lo cultivan en su propio territorio.

El metabolismo social, por su parte, describe la forma en que la humanidad regula su intercambio de materia y energía con la naturaleza. El sistema económico dominante hoy opera bajo una lógica de aceleración permanente y acumulación ilimitada. La naturaleza, en cambio, tiene ritmos biológicos que no pueden acelerarse y recursos que no son infinitos.

Es, en el fondo, un choque de trenes: el ritmo del mercado contra el ritmo de la vida.

Y en medio de esa colisión han quedado atrapadas muchas comunidades rurales, especialmente las mujeres campesinas, intentando amortiguar el golpe con sus propias manos.

Los datos son contundentes. Las mujeres producen entre el 60 % y el 80 % de los alimentos en los países del sur global y, a escala mundial, producen cerca de la mitad de toda la comida. Sin embargo, apenas controlan el 1 % de las tierras agrícolas.

Para agravar el desequilibrio, son también las mujeres y los niños quienes más padecen hambre.

Para entender esta contradicción es útil mirar lo que revelan numerosos estudios sobre el conocimiento agroecológico tradicional. Este conocimiento suele estar dividido por género. Hombres y mujeres acumulan saberes distintos porque históricamente han asumido roles diferentes dentro de la producción agrícola. La división del trabajo termina convirtiéndose también en una división del conocimiento.

En África occidental, por ejemplo, las mujeres poseen un conocimiento profundo y casi exclusivo sobre el cultivo del amaranto, un alimento clave para la seguridad alimentaria en épocas de escasez.  En varias comunidades del sur de Asia, son ellas quienes custodian las semillas: saben exactamente qué variedades de arroz resisten mejor la sequía, cuáles toleran ciertas plagas o cómo almacenar el grano para evitar que la humedad lo arruine.

Ese conocimiento es, literalmente, una biblioteca viva de adaptación climática.

Sin embargo, al no tratarse de un saber formal certificado por universidades o corporaciones, la agroindustria lo ignora en sus grandes planes de desarrollo. Peor aún: en ocasiones lo extrae, lo traduce en patentes comerciales y borra la autoría colectiva de generaciones enteras de mujeres campesinas.

La división sexual del trabajo refuerza este problema. Al no poseer la tierra, muchas mujeres quedan excluidas de los derechos administrativos: no pueden solicitar créditos, no participan en cooperativas comerciales y raramente firman contratos de venta.  Aunque son ellas quienes mantienen viva gran parte de la biodiversidad alimentaria, el sistema las deja fuera del circuito económico. Y esa exclusión las empuja a una situación de extrema vulnerabilidad.

En otras palabras: producen alimentos, pero no controlan los beneficios de lo que producen.

A primera vista, la solución parecería sencilla. Muchos programas de desarrollo han propuesto integrar a las mujeres en cultivos comerciales para que generen ingresos propios. Sin embargo, la realidad ha demostrado que esta lógica no siempre funciona.

Diversos estudios han encontrado que cuando las mujeres son incorporadas a proyectos agrícolas orientados al mercado, la nutrición familiar a veces no mejora y en algunos casos incluso empeora. ¿Cómo es posible? La explicación aparece en un concepto central de la economía feminista: la pobreza de tiempo. Cuando una mujer entra a producir para el mercado, sus horas de trabajo agrícola aumentan. Pero las tareas domésticas —cuidado de niños y mayores, limpieza, preparación de alimentos— no desaparecen ni se redistribuyen. La jornada simplemente se alarga.  El resultado es que el tiempo disponible para cocinar alimentos frescos y nutritivos disminuye drásticamente. Preparar platos tradicionales con ingredientes locales suele requerir procesos largos. Cuando ese tiempo desaparece, muchas familias terminan recurriendo a alimentos comprados, rápidos de preparar, pero nutricionalmente pobres.  El ingreso aumenta, pero la calidad de la dieta se deteriora.

En Colombia, cifras del DANE muestran que las mujeres rurales realizan hasta tres veces más trabajo de cuidado no remunerado que los hombres de su entorno. El sistema las clasifica como “inactivas”, mientras sostienen jornadas de trabajo que pueden superar fácilmente las quince horas diarias.

El modelo de desarrollo repite una promesa: trabaja más para el mercado y saldrás de la pobreza. Pero mientras las mujeres lo hacen, pierden el tiempo material necesario para transformar ese ingreso en bienestar real. Es un callejón sin salida.

Ante este panorama, muchos podrían pensar que las alternativas ecológicas —agroecología, permacultura, agricultura orgánica— ofrecen una salida clara. Sin embargo, incluso estos movimientos pueden reproducir sesgos patriarcales si no se analizan con cuidado.  La agroecología suele idealizar la agricultura familiar como una unidad armónica donde todos trabajan por un bien común. Pero esa imagen muchas veces evita una pregunta incómoda: ¿quién hace exactamente qué dentro de esa familia? Si no se examinan las relaciones de poder internas, existe el riesgo de añadir nuevas responsabilidades productivas —cuidado del suelo, manejo de biodiversidad, trabajo agrícola intensivo— sobre los hombros de las mujeres, sin redistribuir el trabajo doméstico que ya realizan. El resultado puede ser una sobrecarga aún mayor, esta vez envuelta en un discurso verde.

Por eso muchas pensadoras ecofeministas insisten en algo fundamental: sin una mirada feminista, la transición ecológica puede terminar reproduciendo las mismas desigualdades que dice combatir.

Afortunadamente, también existen experiencias que muestran otros caminos.

En el Cauca, el Comité de Mujeres de la Asociación Campesina de Inzá Tierradentro (ACIT) ha comenzado a reescribir las reglas desde la base. Sus estrategias combinan soberanía alimentaria, organización comunitaria y autonomía política. Han impulsado procesos de recuperación de tierras, pero no bajo una lógica de acumulación individual. A través de fondos colectivos han comprado predios destinados a uso comunitario: protección de bosques, cuidado de nacimientos de agua y producción agrícola compartida. 

También han priorizado de forma radical el uso de semillas nativas, reduciendo la dependencia de insumos externos. Y, quizás lo más transformador, funcionan mediante una estructura política horizontal donde las decisiones se toman en asamblea.

Pero su propuesta va aún más lejos.

Para estas mujeres, el territorio no comienza en la parcela. Comienza en el propio cuerpo.

Hablan del cuerpo de la mujer como el primer territorio a defender. Un territorio que debe estar libre de violencia, explotación y agotamiento.

Desde esa perspectiva, alimentarse bien, tener tiempo para descansar o erradicar la violencia intrafamiliar dejan de ser asuntos privados. Se convierten en cuestiones profundamente políticas. Esa es, en esencia, la propuesta del feminismo campesino.

Esta visión local dialoga con movimientos globales como La Vía Campesina y la Marcha Mundial de las Mujeres, que desde hace años repiten un lema poderoso: globalizar la lucha, globalizar la esperanza.

Las realidades cambian según la geografía, pero el objetivo es el mismo: desplazar el beneficio económico del centro del sistema y colocar allí el sostenimiento de la vida.

Cuidar la tierra, cuidar los cuerpos y producir alimentos sanos.

Si algo nos enseña este breve análisis es que el tiempo, el trabajo de cuidados y los saberes agrícolas de las mujeres sostienen buena parte del sistema alimentario mundial. Sin embargo, siguen siendo tratados como recursos gratuitos, como si su valor fuera cero.

Y aquí aparece una pregunta incómoda.

Si el conocimiento agroecológico de las mujeres es una de nuestras mayores bibliotecas de resiliencia frente al cambio climático, ¿qué pasará el día en que las crisis climáticas vuelvan inútiles muchas de las tecnologías de la agroindustria moderna?

¿Qué ocurrirá si descubrimos, demasiado tarde, que dejamos desaparecer a quienes sabían cómo alimentar al mundo desde la lógica de la naturaleza?

Tal vez por eso vale la pena repetirlo con claridad:

La gastronomía del futuro no podrá limitarse a hablar de sabores o tendencias. Tendrá que hablar también de territorio, de justicia y de tiempo.

Porque, si quiere seguir existiendo, la gastronomía tendrá que volverse regenerativa.

O no será.

Carolina